Editorial,  FGDRC,  INSURRECCIÓN

LA EQUIDAD SOCIAL TRAERÁ LA PAZ

Damaris Izaguirre

Todos los Procesos de Paz adelantados por el Estado se han quedado en la pacificación, que solo busca el silenciamiento de los fusiles y el desarme de la guerrilla, sin resolver las causas que originan el conflicto social y armado.

La publicitada Paz Total corre el riesgo de llegar a ser un ‘lobo con disfraz’, un proceso de pacificación que solo busque la Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los grupos armados insurgentes; además, quiere meter insurgencia, bandas y paramilitares en el mismo saco, pretende tratar a todos por igual, olvida que no es lo mismo hablar con un grupo armado con intereses políticos y lineamientos ideológicos como es el caso del ELN, que hablar con bandas narcoparamilitares como el Clan del Golfo, regidas solo por el lucro individual y al ser funcionales al plan de guerra del régimen, entran en abierta connivencia con las Fuerzas Armadas, para atentar contra la población y las comunidades que se encuentran en territorios de interés para las multinacionales.

La designación que hizo Petro del confeso narcoparamilitar Salvatore Mancuso como Gestor de Paz, fue aceptada por este desde una cárcel en EEUU, diciendo “tengo la convicción de contribuir con la agenda de la paz total, estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas”; ha suscitado polémica en diferentes sectores del país y toma fuerza potencial la tesis de que con este gesto, Petro a toda costa insiste en acciones que le den estatus político a los paramilitares, quien lo dijera, lo mismo que intentó hacer Uribe durante su primer mandato, ¿desde cuándo el narcotráfico se considera como rebelión?   

Nombrar un nacoparamilitar como Gestor de Paz sin duda es una afrenta a las víctimas y esta figura como tal, que endilga que sus poseedores tienen en su carácter beligerantes orígenes políticos, algo completamente alejado del ideario narcoparamilitar, que no son más que un ejército privado formado para salvaguardar intereses privados y sostener el statu quo. Lo que en verdad se requiere es un Proceso de Solución Política que debe partir de la ruptura de la connivencia del Estado con el paramilitarismo, lo que implica cambios transcendentales en la Doctrina de Seguridad, de igual manera se requieren transformaciones estructurales al modelo económico y una política antidrogas propia que afecte a los eslabones poderosos del narcotráfico.

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