POR QUÉ VICTIMIZAN AL LIDERAZGO DE BASE

Himelda Ascanio

El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentó el informe ‘Reclamar y Morir’: el exterminio del liderazgo social de base en Colombia 2016-2022, que documenta la destrucción de vidas de líderes/as sociales, excombatientes y sus familiares [*].

El análisis del periodo 2016-2022 demostró que el exterminio actual vuelve a las cifras más altas que sufrió el país en el apogeo de la estrategia paramilitar del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), solo enumerando asesinatos, desapariciones y torturas se documentaron un total de 2.984 crímenes, incluyendo 456 casos de eliminación de destacados líderes y autoridades de procesos sociales de base. Esto da un promedio de 746 casos por año.  

En el periodo de análisis asesinaron más de 951 activistas sociales, comunitarios, indígenas y afrodescendientes, sindicalistas, activistas cívicos, militantes de izquierda, ambientalistas y Defensores de los Derechos Humanos; más de 36 líderes sociales fueron desaparecidos; 175 fueron víctimas de atentados y lesiones personales, y más de 99 familiares de líderes sociales fueron asesinados, desaparecidos o heridos. Lo que evidencia un plan de eliminación de líderes sociales a cuentagotas pero coordinado, continuo e implacable.

Asimismo registran el asesinato de más de 317 excombatientes y más de 29 familiares de excombatientes que fueron víctimas de asesinato, heridas, violencia sexual y desaparición. Un sin número de estas víctimas presentaban señales de torturas antes de ser asesinadas.

La finalidad política de este extermino social es quebrantar las iniciativas colectivas, creando contextos de discriminación y estigmatización que generan estancamientos en los procesos de participación y planes de vida alternativos de las comunidades donde prima la defensa del medioambiente, la exigencia de justicia social, la verdad y garantías de no repetición ante las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos. El Defensor de DDHH Javier Giraldo SJ, sostiene que:

“Los poderosos sabuesos del statu quo ya no andan a la caza de ilustrados líderes que se destaquen por su dominio ideológico de alternativas globales, al parecer han comprendido que la política abortiva tiene mayor eficacia en sus cálculos (…) Esto nos explica que el liderazgo social intensamente victimizado sea justamente el liderazgo de base”.

La antesala de todo este Genocidio en curso es el refinamiento de sus camuflajes. Se aparta la vista de su sistematicidad histórica en que se apoyan las bases, los móviles, las estructuras políticas, económicas, jurídico-impunitivas, macro-criminales y mediáticas que sostienen las murallas de la impunidad y por esa vía de la continuidad implacable del exterminio. Hay que recordar que el Tribunal Permanente de los Pueblos en su Fallo de 2021 señaló que:

“La impunidad de graves crímenes contra los Derechos Humanos se revela como una constante histórica en Colombia. La impunidad constituye un componente clave de la vulneración masiva y continuada de los Derechos Humanos […], porque fomenta la repetición y consolida las consecuencias de dicha vulneración para las víctimas y sus familiares, al impedir el acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación”.

Los investigadores del Cinep afirman que “la impunidad tiene una dimensión política, directamente relacionada con las relaciones y forma de ejercicio del poder (…) La impunidad lleva el mensaje a toda la sociedad de que hay personas y sectores que están por encima de la ley y no tendrán que rendir cuentas por los crímenes que han cometido o que cometan”.  La lucha contra la impunidad se convierte en una lucha por la democracia y el rescate del humanismo.

Las víctimas de esta semana

Luis Eduardo Timaná era líder indígena de pueblo Nasa y candidato al Concejo municipal por el el Pacto Histórico, fue asesinado el 4 de agosto en el sector de Lomitas en Pradera, Valle del Cauca.

José Armando Sánchez Ávila era docente en la Institución Educativa Plinio Mendoza en el municipio de Toca, Boyacá, hacia parte del Sindicato Sindimaestros, fue asesinado el 9 de agosto en Tunja, Boyacá.

José Luis Arzuaga era líder político y hacía parte de la campaña a la alcaldía del municipio de La Jagua del Pilar del Partido Alianza Social Independiente (ASI), fue asesinado el 11 de agosto en La Jagua del Pilar, La Guajira.

Ronald Gómez era concejal del municipio de Tolú, Sucre, por el movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), fue asesinado el 12 de agosto en Cartagena, Bolívar.