Editorial,  FGDRC,  INSURRECCIÓN

LÍDERES POPULARES BAJO FUEGO

Himelda Ascanio

El gobierno del cambio llega a partir del inconformismo expresado en los levantamientos masivos de 2019-2021, en los que la juventud urbana fue protagónica. Estallido Social que reclama el cambio de modelo económico, garantías para la vida y defensa de los territorios.

En agosto de 2022 las organizaciones sociales entregaron al Presidente Petro un plan de emergencia, donde exigían 29 acciones concretas para solucionar la crisis humanitaria que vive el país. En junio de este año, más de 500 organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos (DDHH) solicitaron al Presidente acatar las recomendaciones elaboradas a partir del Examen Periódico Universal (EPU) sobre DDHH que realiza la ONU, en el cual Colombia lleva más de 15 años ‘rajándose’.

En este EPU plantean la necesidad de aplicar los estándares de los Principios de Distinción, especialmente la eliminación de las acciones cívico-militares y la militarización de la sociedad, fortalecer los procesos de negociación para la paz, con la participación efectiva de la sociedad a través de la veeduría, resolver el asunto de tierras y la regulación del Protocolo Facultativo Contra la tortura y la Convención contra la Desaparición Forzada [1].

Genocidio Social

La situación para los liderazgos sociales y sus comunidades es alarmante, entre el 24 de noviembre de 2016 (Acuerdo de desmovilizacion de las Farc) y el 24 de noviembre de 2023 han asesinado 1.564 líderes sociales y 403 excombatientes. En lo corrido de este año, han sido asesinados 158 líderes sociales y 40 excombatientes, y perpetrado 90 masacres con 288 víctimas, que ubican a noviembre como el segundo mes más violento del año, después de julio.

Las acciones nulas de la Fiscalía para investigar y esclarecer los autores y determinadores de estos crímenes profundizan la situación, de 5.552 denuncias por amenazas entre enero de 2018 y marzo de 2022, tan solo dos casos contaban con sentencia y siete se encontraban en etapa de juicio, y de 412 casos de asesinatos sobre los cuales reportó información la Fiscalía, solo 75 cuentan con sentencia, lo que equivale a un 5 por ciento de esclarecimiento.

Entre 2016 y 2022 se registran un total de 35 Recomendaciones internacionales formuladas sobre la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de DDHH, 17 de ellas emitidas por mecanismos de la ONU y 18 emitidas por el Sistema Interamericano (SIDH). Michel Forst Relator Especial de la ONU alertó que, “la impunidad generalizada respecto a las violaciones de los derechos de los defensores y las defensoras alientan y alimentan nuevas violaciones, abusos y actos de violencia” [2].

Las víctimas de esta semana

En la vereda Calucé corregimiento de Potrerito, en Palmira, Valle del Cauca, el 2 de diciembre perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales.

Phanor Guazaquillo era gobernador indígena del pueblo Nasa en Putumayo, fue asesinado el 3 de diciembre en Puerto Asís, Putumayo.

En la vía que conduce a la vereda Laureles en Santa Fe de Antioquia, Antioquia, el 3 de diciembre cometieron una masacre que dejo tres víctimas fatales.

En la vereda las Moraditas, en el municipio de Caicedo, Antioquia, el 3 de diciembre perpetraron una masacre que dejó tres víctimas.

Pedro Pablo Salas Sánchez era miembro de la Junta Directiva de la Asociación Acsomayo y de la Guardia campesina de Moviccaap, fue asesinado el 4 de diciembre en la vereda Carmelita de Puerto Vega de Teteye, en Puerto Asís, Putumayo.

Robiro Rojas Benavides era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cordilleras Andinas, municipio Los Andes Sotomayor, Nariño, fue asesinado el 4 de diciembre en dicha localidad.

Wilmer Ruber Pérez Ramos era excombatiente, fue asesinado el 5 de diciembre en el municipio de Calarcá, Quindio.

Camilo Osuna era miembro de la Red de Huertos Agroecológicos de Cali y del Colectivo Me le Pego al Cambio, quienes recuperaron un espacio de zona verde abandonada con mala disposición de residuos en el sector del Morro en Siloé. Fue asesinado el 7 de diciembre en Cali, Valle del Cauca.

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