EL HUECO SIN FONDO DE LA DEUDA EXTERNA

Chavela Villamil

Los incrementos periódicos de un presupuesto son necesarios pero deben ser acordes al momento financiero de la economía, y su destinación no se debe emplear para cubrir la impagable Deuda Externa, de lo contrario se convierten en agentes deficitarios del erario.

El contexto global actual ha desacelerado los mercados, ocasionado el decrecimiento y estancamiento de muchas economías, fenómeno que se agudiza aún más en economías dependientes de capital externo como la nuestra. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) este año la economía colombiana entre enero y julio tuvo un crecimiento de 1,34 por ciento, un decrecimiento de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, durante el mes de agosto el crecimiento fue de 0,23 por ciento [1]; según las proyecciones económicas de esta entidad, al cierre del año el crecimiento no será superior al 1,8 por ciento.

El déficit de cuenta corriente más conocido como Deuda Externa (DE), continúa incrementándose aceleradamente y superando los márgenes históricos, al cierre del segundo trimestre de este año este pasivo llegó a 190.429 millones de dólares, lo que equivale al 57,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) [2], en solo un mes se incrementó en 2.900 millones de dólares. A este complejo panorama se aúna que la desaceleración de la inflación es muy lenta y continúa siendo bastante alta, en septiembre se ubicó en 10,99 por ciento. Estos datos dejan en evidencia la desaceleración y la Recesión Técnica que sufre nuestra economía, en otras palabras, nuestra economía está estancada y de continuar la tendencia depreciativa del primer semestre, hay una alta probabilidad de caer en un periodo de estanflación.

Aumentan el presupuesto y el gasto corriente

Esta semana el Congreso debe aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, que fue radicado por un monto de 502,6 billones de pesos, lo que representa el 29,6 por ciento del PIB. Dentro de las destinaciones más altas del PGN encontramos las siguientes: 94, 522 billones a solo pagar intereses de la DE, 70,456 billones a educación, 61,503 billones a salud, 55,5 billones a Fuerzas Armadas, 49,247 billones a Hacienda, 45,437 billones a trabajo y 17,003 billones a transporte.

Resulta paradójico que un periodo de desaceleración como el actual el mayor rubro sea destinado a pagar intereses a banqueros extranjeros, dada la situación, lo financieramente recomendable es no incrementar el monto de este pasivo por encima del doble de la media estimada de crecimiento anual (1,8 por ciento).  

Desde el punto de vista fiscal y financiero no es viable incrementar el monto destinado al pago de interese de DE en 20 por ciento, esta medida no disminuye el monto de este pasivo, pero si resulta siendo deficitaria, ya que compromete al erario en gasto que no es [redituable]. Por el contrario, los incrementos al PGN deben ser destinados al desarrollo integral de la producción nacional y la seguridad alimentaria.

El principal problema de nuestro país es que tenemos una política económica que centra sus esfuerzos es sostener el pago continuado de la DE, que además de ser onerosa es constantemente sobregirada, convirtiéndola en un pasivo incremental al que mes a mes aumenta su valor y los pagos realizados solo sirven para amortizar los intereses, pero la deuda de capital continúa intacta; lo que convierte a este pasivo en un círculo vicioso que asfixia el PIB e imposibilita pagar la Deuda Social.

Dar solución a la crisis económica del país implica congelar los montos destinados a la DE y en el mediano plazo renegociar este pasivo; además, la política estatal debe desarrollar un plan estricto de austeridad fiscal, que desde luego debe contemplar la disminución de la carga burocrática y decrecer el gasto corriente (burocracia, guerra, DE).

La reactivación y la solidez solo es posible incrementando el flujo de capital líquido y mejorando el poder adquisitivo per cápita, lo que tiene implícito dar solución al desempleo a la vez que se desarrolla un plan de formalización del empleo. Por lo tanto, es inaplazable un cambio estructural de la política económica y laboral, en otras palabras, se debe incrementar la tributación de las grandes empresas y de los grandes capitales, generando una política redistributiva que invierta este dinero en planes de desarrollo sostenible.