UNA NEGOCIACIÓN QUE FAVORECE A LOS EMPRESARIOS

Chavela Villamil

El aumento salarial anual en Colombia siempre ha estado determinado por Índice de Precio al Consumidor (IPC); bajo esta fórmula en la última década el incremento real nunca ha superado el 5 por ciento, lo cual exacerba el déficit del costo de vida.

Desde finales de noviembre se instaló la Mesa de Concertación Salarial, donde empresarios y trabajadores discuten el aumento del salario mínimo para el próximo año; a la fecha no han logrado acordar el monto del incremento, ya que las propuestas son diametralmente opuestas; los empresarios aunque no han dicho una cifra concreta, sostienen que no debe ser superior al 10 por ciento, por su parte la Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez afirma que teniendo en cuenta la inflación proyectada y la baja productividad, el incremento debe oscilar entre el 10 y el 12 por ciento, mientras que las Centrales Obreras solicitan que el aumento sea del 18 por ciento.

Las cifras puestas en la Mesa de Concertación muestran que el aumento salarial nominal oscilaría entre 116.000 y 200.880 pesos; dada la imposibilidad de concertar lo más probable es que el aumento sea fijado por decreto y que este sea de 139.200 pesos. De acuerdo a la inflación actual que oscila en 10,15 por ciento y la poca probabilidad de que de crezca, ya que enero y febrero son meses con tendencia inflacionaria; el incremento salarial que proyecta para el otro año será deficitario y no alcanza a cubrir los incrementos periódicos, ni permite que miles de hogares solventen sus gastos básicos, lo que incrementara la pérdida de poder adquisitivo y a su vez exacerbará el déficit de costo de vida.

El principal problema del salario colombiano es que su incremento está determinado por la inflación y su cálculo o estipulación no alberga relación con el costo de vida; según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a corte del primer semestre de este año, los precios de los productos básicos en promedio aumentaron 29,6 por ciento, mientras el aumento salarial fue de 16 por ciento, lo que significa un déficit en el costo de vida de 13,6 por ciento; a esto se debe aunar el incremento en servicios públicos como la electricidad, el gas natural y propano, la gasolina, los arriendos, entre otros. Este es el origen de la caída del poder adquisitivo que, aunque ha venido decreciendo durante las últimas dos décadas, este año superó los límites históricos impactando con fuerza el Costo de Vida y decreciendo aún más el poder adquisitivo, en especial de las capas sociales medias y bajas, cuyo nivel de ingreso es igual o inferior a dos salarios mínimos.

Es necesario cambiar el paradigma económico y salarial

Según la OCDE los salarios mínimos legales nominales han seguido el ritmo de la inflación por ende están desequilibrados respecto al poder adquisitivo, además la proliferación del empleo informal incrementa la pérdida en la capacidad de compra de las personas con bajos ingresos; por esta razón esta organización recomienda continuar tomando medidas que decrezcan la inflación y, a su vez elevar el salario mínimo y potenciar la negociación colectiva, de esta forma se incrementaría el poder adquisitivo per cápita [2].

Teniendo en cuenta que el déficit de costo de vida es de 13,6 por ciento y la inflación es de 10,15 por ciento, para nivelar la economía de los hogares colombianos, en especial los de las capas sociales baja y media, el incremento salarial debe ser igual o superior 23,75 por ciento. Una medida de este calado no colapsa la economía, pero si decrementa el margen de utilidad de las empresas, por lo tanto, de ser aplicada debe salvaguardar las pyme para evitar el desplome de las microeconomías.

La política económica del país debe estar fundada en favorecer a todos los colombianos, prioritariamente subsidiar capas bajas de la sociedad, el sistema actual no genera ni inclusión social ni sostenibilidad ni mucho menos crecimiento y productividad, por tanto se requiere un modelo que fomente el desarrollo integral de la producción nacional, y que a su vez disminuya el Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de intereses de la Deuda Externa) e incremente de manera integral el Gasto Social.

Subsanar la crisis socioeconómica, dinamizar la economía y enfrentar su colapso requiere incrementar el poder adquisitivo per cápita, lo cual demanda una política de empleo formal que disminuya el desempleo y reduzca el subempleo, por lo tanto, se necesita una Reforma Laboral que centre sus esfuerzos en la formalización del empleo, la generación de nuevas plazas laborales formales y con prestaciones de ley; en otras palabras, salir de la crisis económica demanda generar empleo bien remunerado.