LOS VACÍOS PARA PROTEGER LOS LIDERAZGOS SOCIALES

Himelda Ascanio

Ante la aguda crisis humanitaria 35 organizaciones sociales y Defensoras de Derechos Humanos exigieron al Gobierno abordar las causas estructurales como la Doctrina de seguridad, políticas económicas y medidas jurídicas sobre los casos de corrupción denunciados en el sistema de protección y la impunidad de los crímenes, que ronda el 95 por ciento.

En el Foro ‘¿Cómo protege el Estado a las personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia?’, realizado los días 13 y 14 de julio en Bogotá, cuestionaron al actual Gobierno por continuar apostándole a las medidas militaristas para la protección individual a los líderes sociales, con las cuales impone un conjunto de restricciones que limitan el ejercicio de su labor, además evidenciaron que los esquemas de seguridad han servido para que los corruptos se lucren de jugosos negocios y para cometer de múltiples delitos [1].

La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene un presupuesto de aproximadamente 1 billón 644 mil millones de pesos, sin embargo, el 37 por ciento de los municipios donde asesinaron líderes sociales no registran beneficiarios de la UNP, el 72 por ciento de los líderes que cuentan con medidas de protección individual están ubicados en ciudades y cascos urbanos, mientras que en las zonas de alto riesgo solo el 7 por ciento tienen esquemas de seguridad. En el 35 por ciento de casos donde asesinaron un líder el Sistemas de Alertas Tempranas no tuvo capacidad de identificación del riesgo.

La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas en su informe entre 2016 y 2018 concluyó que: “si el Estado no resuelve temas de carácter estructural, pensar en garantías para las personas Defensoras de Derechos Humanos va a ser imposible, porque otorgar un carro blindado o un chaleco antibalas no hace que el riesgo desaparezca, solo lo mitiga” [2].

Las organizaciones sociales exigen al gobierno: 1) priorizar la prevención y protección colectiva y comunitaria, 2) en las medidas y procesos de análisis de riesgo incorporar las cosmovisiones propias, los énfasis interrelación territorial, los enfoques étnicos, feministas y de género, 3) reconocer y fortalecer los sistemas de auto protección implementadas por las comunidades, 4) capacitar  al personal que realiza los análisis de las situaciones de riesgo para que respete las agendas de la organizaciones sociales y mitigar los riesgos de la ruptura de los tejidos sociales a partir de potenciar su acción social y colectiva, 5) definir acciones urgentes que investiguen y sancionen a los responsables por acción, omisión o encubrimiento de los crímenes contra personas Defensoras de DDHH, 6) desmantelamiento del paramilitarismo, 7) cambio en la Doctrina de Seguridad y 8) reconocimiento a los liderazgos sociales y sus organizaciones y de excombatientes en la labor de defensa de los DDHH y tomar acciones que neutralicen las prácticas estigmatizantes.

Para las comunidades campesinas, indígenas y afros el objeto principal de este Foro es que el Estado comprenda que proteger en el contexto actual, es el derecho a existir como comunidades y como pueblos étnicos en sus territorios, así como preservar su ambiente, para el caso de los pueblos étnicos, incluye el derecho a preservar su cultura y sus propios sistemas de justicia y de protección.

Las organizaciones convocantes concluyen que un paso importante para cambiar la crisis humanitaria y frenar el genocidio en curso es que las instituciones estatales hagan eco de este llamamiento y que la comunidad internacional acompañe en la puesta en práctica de estas transformaciones, garantizando la participación activa y vinculante del movimiento de Derechos Humanos en su amplia diversidad.

Las víctimas de esta semana

Ilder Díaz era candidato al Concejo e integrante de la Mesa municipal de víctimas, fue asesinado el 22 de julio en Policarpa, Nariño.

Tiberio Chepe Zeti era médico tradicional del pueblo Nasa, fue asesinado el 23 de julio en el corregimiento El Llanito de Florida, Valle del Cauca.

Yesid Pechené Musicué era miembro de la Guardia Indígena del pueblo Nasa, fue asesinado el 24 de julio en la vereda Vichiquí, sector Loma Linda en Toribió, Cauca.

Carlos Mario Roldán era líder en el Refugio Humanitario de la vereda Rancho Quemado en Segovia, por el desplazamiento forzado por causa de los enfrentamientos en el caserío Arenales de Segovia, Antioquia. Fue asesinado el 24 de julio.

Benito Segundo Castillo Gutiérrez era líder del pueblo Wayuú, Presidente de la cooperativa de transportes de la Alta Guajira y se desempeñó como presidente de la cooperativa Ayatawacoop, fue asesinado el 25 de julio en el barrio Erica Beatriz en Maicao, La Guajira.

Fredy Alexander Campo era Exconsejero y Presidente del Movimiento Mais, fue asesinado el 26 de julio en la finca Nuevo México en el territorio del pueblo Nasa en Santander de Quilichao, Cauca.