NO SE PUEDE VIVIR CON 400.000 PESOS AL MES

Chavela Villamil.

El alto costo de los alimentos y de los servicios públicos hacen insostenible la economía familiar de aquellos que devengan un salario mínimo; por si fuera poco, un gran porcentaje de personas tienen ingresos mensuales inferiores a 400.000 pesos, ¿es posible vivir dignamente así?   

El modelo económico global se basa en la sobre industrialización y sobre producción para la generación de grandes márgenes de riqueza, que no son redistribuidos en la sociedad sino monopolizados por un reducido grupo plutocrático; desde luego esto incrementa constantemente la desigualdad y repercute en acrecentar la pobreza (monetaria y multidimensional) que en sí mismas son eco de la marcada desigualdad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) define la pobreza monetaria como una situación en la cual los ingresos mensuales per cápita son inferiores al valor de la canasta básica, mientras la pobreza extrema hace referencia a la incapacidad de una persona para cubrir sus necesidades básicas de alimentación (2.100 calorías diarias).

En América Latina y desde luego en Colombia, más allá de los índices estadígrafos, la falta de empleo y la proliferación del empleo informal -por ser el único recurso de subsistencia-, acrecientan constantemente la pobreza y reducen a la mínima expresión el poder adquisitivo per cápita exacerbando la desaceleración económica existente.

Miles sobreviven con un tercio de salario mínimo

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estableció la línea de pobreza monetaria per cápita en 396.864 mil pesos, para un grupo familiar de 4 personas su umbral sería de 1.587.456 pesos –cifra 36,84 por ciento superior al salario mínimo vigente–; la línea de pobreza extrema per cápita fue fijada en 198.698 pesos y para un grupo familiar de 4 personas sería de 794.792 pesos.

Durante el 2022 la pobreza monetaria a nivel nacional fue de 33,6 por ciento y presentó una disminución de 3,1 por ciento con respecto al 2021, lo cual se debe en gran medida a la reactivación comercial poscovid, pero de ninguna forma se puede entender como mitigación de la pobreza. Actualmente en nuestro país persisten en la pobreza monetaria 19.634.410 de personas (33,6 por ciento) y en centros poblados y rurales dispersos la cifra fue de 45,9 por ciento. Durante el mismo periodo la pobreza monetaria extrema nacional fue de 13,8 por ciento, mientras en centros poblados y rurales dispersos la cifra fue de 23,3 por ciento [1], según estas cifras a nivel nacional 6,8 millones de personas subsisten al día con tan solo 6.623 pesos y el 37,5 por ciento de las capitales departamentales están por encima del índice nacional de pobreza monetaria.

Es posible diezmar la pobreza monetaria

Se creería que con un Gobierno más centrado en las necesidades básicas de la población, en especial aquellos que están en márgenes de vulnerabilidad se subsanaría medianamente los indicadores de pobreza, sin embargo, esto no ha ocurrido, en gran medida porque no se ha hecho ningún cambio sustancial o estructural en las políticas económica y financiera, además en vez de reducir el Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa) éste se ha incrementado ostensiblemente. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 incrementó su presupuesto, pero no redistribuyó el perfil de gastos -minimizar el Gasto Corriente-, no decrementó la destinación a pasivos onerosos como la Deuda Externa, la inversión en seguridad y defensa, entre otros.

Aunque el PND aumentó algunos rubros para el Gasto Social este no sobrepasa las medidas asistencialistas y no ejecuta proyectos que garanticen la seguridad alimentaria, el déficit habitacional, ni disminuye la brecha socioeconómica entre comunidades urbanas, rurales y distantes; tampoco desarrolla programas encaminados a la generación de nuevas plazas laborales y la formalización del empleo.

Bajar los índices de pobreza y desigualdad tiene implícito cambiar el modelo económico, es decir, instalar una política tributaria redistributiva que grave duramente a los grandes capitales y patrimonios, y que el dinero obtenido no se destine al Gasto Corriente sino que se invierta para desarrollar integralmente la producción nacional, lo que incrementaría el poder adquisitivo per cápita y dinamizaría la economía.

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