LA AMENAZA DE APAGÓN ES CULPA DEL MODELO

Claudia Julieta Parra

La implementación de la teoría neoliberal llevó al país a la enajenación de servicios esenciales como la energía eléctrica, esto resultó productivo para las multinacionales, pero nefasto para los colombianos que se ven obligados a pagar altos costos per este servicio esencial.

En la década del sesenta se creó el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que segregó el sistema eléctrico en cuatro fases: generación, transmisión, distribución y comercialización, en cada una de estas participan diferentes empresas en su mayoría de naturaleza privada. El SIN está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pero esta entidad no es quien fija los precios del kilovatio (Kw), ya que este se rige por las fluctuaciones del mercado bursátil.

Los fenómenos macroeconómicos y climáticos como el ‘fenómeno del niño’ han impactado el valor del Kw en bolsa, ocasionándole problemas de liquidez a varias empresas distribuidoras y comercializadoras, que dicen no contar con recursos para pagar la energía que compran y tratan de resolver sus problemas financieros cargando los sobrecostos al usuario final. Esto motivó a que estas empresas lanzaran la alarma de apagón para obligar al Gobierno a una renegociación de los precios.

La privatización de las empresas del sector eléctrico ha conllevado a que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar, esto sumado a la falta de redes eléctricas en regiones apartadas, ha llevado a que 9,6 millones de colombianos (18,5 por ciento de la población) se encuentren en pobreza energética.

No se puede negar que el ‘fenómeno del niño’ genera problemas en los sistemas de electricidad hidráulica porque disminuye el nivel de los embalses, sin embargo, hasta ahora los embalses se encuentran en niveles estables; el problema actual es financiero y obedece a la variación del precio de Kw en la bolsa, en otras palabras, es un problema que debe ser asumido por las empresas.  

La raíz del alto costo de los servicios públicos es la privatización de estos servicios, por lo tanto, la solución no es subsidiar tributaria o fiscalmente a las distribuidoras de energía, eso resuelve su problema de caja, pero no favorece a la población; la solución de corto plazo sería que las empresas asuman las pérdidas y a mediano plazo retornar los servicios esenciales al monopolio estatal.