EL FRACASO EN LA PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES

El Genocidio en curso contra los líderes sociales, la falta de garantías para su protección por parte del Estado, al igual que la impunidad en estos casos que sobrepasa el 90 por ciento, hacen inexistentes las garantías de seguridad para esta población.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, se visibilizó con mayor fuerza el Genocidio continuado que se viene perpetrando por décadas, y que hace parte de la política contra insurgente que caracteriza como “Enemigo Interno” a quienes cuestionan el statu quo y trabajan por proyectar formas de inclusión y justicia social desde sus comunidades y territorios.

La Corte Suprema de Justicia a través del Tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) con respecto al persistente, grave y generalizado asesinato de líderes sociales y los ataques en los cuales se registra una violación sistemática a derechos fundamentales contra estas personas y sus comunidades en todo el territorio nacional. La sentencia surge en respuesta a 20 acciones de Tutela presentadas por líderes y lideresas sociales [1].

En dicha comunicación el Tribunal declara que el Estado colombiano fracasó en las políticas para frenar la matanza de los líderes y lideresas y su responsabilidad de brindar protección y garantías para las labores de defensa que estas personas desempeñan, las cuales son primordiales para identificar y denunciar violaciones a los derechos fundamentales en bien de sus comunidades y sus territorios.

En el estudio de las 20 tutelas, la Sala Plena de la Corte identificó patrones comunes que se presentan de manera general en los ataques contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales; en tal sentido, la Corte menciona la inexistencia de un plan articulado claro y preciso que evite la violación de los derechos fundamentales, se presenta negligencia por parte de las entidades correspondientes para dar respuesta y evitar que el daño a la víctima se consume, después que ésta presenta la denuncia y la inoperancia de la Fiscalía con respecto a la investigación y esclarecimiento de los determinadores de los ataques perpetuando, la impunidad y permisividad para  la consumación de los crímenes. 

Dentro de las recomendaciones realizadas por la Corte se destacan que la acciones del Estado se justifican, no solo para reaccionar cuando sobrevienen riesgos significativos para el ejercicio de los derechos, sino que exige adoptar medidas adecuadas para prevenirlos y fortalecer las posibilidades de las personas y comunidades de definir y desarrollar sus planes de vida, para lo cual se debe contar con espacio deliberativo y propositivo de las mismas, que generen políticas públicas, para superar la inercia y omisión estatal en la protección de la vida de los líderes y comunidades, así como garantizar la continuidad de su labor.

Esta Sentencia de la Corte, se suma a las recomendaciones ya expresadas por el programa de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han exigido a los gobiernos de turno y al Estado colombiano tomar medidas eficaces que atiendan la situación de riesgo de los líderes, líderesas, defensores de DDHH y excombatientes, que se hagan las investigaciones correspondientes, que no solo esclarezca sino que evite la impunidad en los crímenes y se tengan en cuenta para los planes y acciones de protección colectiva, entendidas desde la visión de las comunidades y territorios, los enfoques diferenciales por los sectores más afectados y por razones de género y etnia [2].

Las víctimas de esta semana

Henry Acero fue fundador de una ruta de transporte que benefició a residentes de la zona y en 2019 lideró una protesta para la descriminalización a la labor como conductores informales. Fue asesinado el 12 de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.

Yesid Octavio Morales era excombatiente tenía un proyecto turístico en Mesetas, Meta, fue asesinado el 13 de diciembre en la vereda La Paz de esa localidad.

Tulia Carrillo Lizarazo era lideresa comunal y ambiental del sector de Corocito en Tame, Arauca. En 2022 hizo parte del consejo y líder del programa adulto mayor, fue asesinada el 14 de diciembre en dicha localidad.